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Más libros, más libres

Ilustración Arnal Ballester

La política de fomento de la lectura, como en el fondo cualquier política social o cultural, tiene su origen en la Constitución de 1978. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y son estos mismos ideales los que inspiran la Carta Magna a la hora de establecer en el artículo 44 la obligación de todos los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura. De esta forma, no solo se reconoce un derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural, sino también el deber de las administraciones de adoptar un papel activo a la hora de facilitar el acceso.

En realidad, hace tiempo que existe un consenso generalizado acerca de la obligación de los estados de promover activamente la cultura y, en este sentido, merece la pena recordar el paso adelante que supuso la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, un convenio vinculante aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en el año 2005 y ratificado por España en el año 2007. Mediante este acuerdo internacional, los estados firmantes se obligan, entre otros aspectos, al impulso de las políticas y medidas culturales que fomenten la creatividad y que aseguren que las expresiones artísticas de los creadores sean accesibles al público en general.

No cabe duda de que, en el fondo, la convicción que subyace en el reconocimiento de esta tarea de los poderes públicos de promover el acceso a la cultura es que la libertad del individuo depende en gran medida de las posibilidades que tenga de construir nuevas alternativas vitales. Para transformar nuestra sensibilidad y pensamiento, ciertamente, no hay herramienta más adecuada que la lectura, y fue por este motivo que hace justo una década se aprobó, con un amplio consenso en las Cortes Generales, la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (en adelante, Ley 10/2007).

Si bien se habían llevado medidas de fomento de la lectura con anterioridad, con esta norma se estableció por primera vez, y de forma expresa, la obligación del Gobierno de aprobar y desarrollar planes de fomento de la lectura con una frecuencia periódica, esto es, de realizar una labor de planificación que permita obtener los mejores resultados.

Simultáneamente, la Ley estableció algunas de las claves que se recogen en el presente Plan: la atención a la población infantil y juvenil, los sectores más desfavorecidos socialmente y las personas con discapacidad, la vinculación de los hábitos lectores con el aprendizaje continuo de los ciudadanos de cualquier edad, el papel insustituible de las bibliotecas públicas, escolares y universitarias, la búsqueda del compromiso de los medios de comunicación y la colaboración interministerial (singularmente entre las administraciones responsables de cultura y educación) y con las comunidades autónomas y entidades locales, un aspecto que se manifiesta en su propia integración en el Observatorio de la Lectura y el Libro, órgano regulado por Real Decreto 1574/2007, de 30 de noviembre.Salto de línea

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